Culiacán, Sin, 10 de julio del 2025.- Cuando el poder se ejerce sin contrapesos, la justicia suele llegar desde fuera. Eso acaba de ocurrir en Sinaloa, donde la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación corrigió la plana al Congreso local y al Tribunal Electoral del Estado. La resolución, emitida el 9 de julio, no es solo un acto jurídico: es una llamada de atención política directa al gobernador Rubén Rocha Moya y a la maquinaria que ha operado bajo su sombra.
El fondo del asunto: la presidencia provisional del municipio de Ahome. Tras la solicitud de licencia del alcalde Gerardo Vargas, el Cabildo —como lo marca la ley— designó a Margarita Velázquez, regidora electa por voto popular, como presidenta municipal provisional. Pero el Congreso del Estado, en una maniobra fuera del cauce legal, desconoció dicha designación y colocó a otro perfil, afín al gobierno estatal, con el argumento de que existía una vacancia. No había tal.
El Congreso invadió funciones del Cabildo, ignoró la jerarquía normativa, y trató de imponer una narrativa política por encima de la ley. El fallo de la Sala Guadalajara revoca esa narrativa. Declara válida la designación original y, lo más relevante, ordena analizar si a Margarita Velázquez se le violentaron sus derechos político-electorales, incluyendo la posible existencia de violencia política en razón de género. Esto último, por sí solo, bastaría para señalar que el proceso estuvo viciado desde su origen.
Pero no se trata solo de lo jurídico. El golpe va también a la legitimidad del Tribunal Electoral del Estado, que había dado la espalda a su responsabilidad al declararse incompetente. Un acto que hoy se ve, sin rodeos, como subordinación institucional. La justicia local se negó a revisar una denuncia fundada en derechos fundamentales, dejando claro su rol como pieza del tablero del Ejecutivo y no como garante del Estado de Derecho.
Este episodio dibuja con crudeza la fragilidad de la democracia en Sinaloa. El Congreso actúa por consigna, el Tribunal local abdica de sus funciones, y el Ejecutivo apuesta a que el ruido político tape el vacío legal. Pero la justicia federal no compró esa versión. Y ahora obliga, por vía de sentencia, a revisar lo que aquí se quiso enterrar.
El mensaje es claro: el poder ya no puede actuar sin consecuencias, al menos no siempre. Las instituciones federales están dispuestas a encender reflectores donde los gobiernos estatales quisieran apagarlos. Lo que sigue será clave: cómo se ejecuta esta sentencia y si las autoridades locales están dispuestas a acatar un orden jurídico que, por esta vez, no escribieron ellos.
En un estado donde la obediencia institucional ha sido norma, la resolución de la Sala Regional representa un acto de dignidad jurídica. Una pausa en la simulación. Y quizá, solo quizá, el inicio de una conversación pendiente sobre la autonomía, la legalidad y el verdadero rostro del poder en Sinaloa.
