Congreso y Ayuntamiento de Ahome en evidencia: documentos confirman notificación del Juez en el caso Vargas Landeros
Los Mochis, Sin, 20 de agosto del 2025.- El caso del alcalde, Gerardo Vargas Landeros, destituido por el Congreso de Sinaloa, volvió a encender la polémica política tras revelarse documentos oficiales que contradicen los dichos de las autoridades locales.
La presidenta de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) en el Congreso del Estado, María Teresa Guerra, y el presidente municipal interino de Ahome, Antonio Menéndez, aseguraron públicamente no haber sido notificados por el Juez de Distrito sobre las resoluciones que ordenan la restitución de Vargas Landeros como alcalde constitucional. Sin embargo, pruebas documentales en poder de este medio confirman que tanto el Congreso como el Ayuntamiento sí recibieron y respondieron los oficios correspondientes.
En el caso del Poder Legislativo, la diputada Yeraldine Bonilla, presidenta de la Mesa Directiva, firmó la respuesta oficial a nombre del Congreso, siguiendo las instrucciones de la diputada Teresa Guerra. En Ahome, Menéndez también contestó al Juez, a pesar de haber sostenido ante la opinión pública que no tenía conocimiento formal de la notificación.
La contradicción es evidente: mientras en declaraciones públicas se mantuvo la narrativa del “desconocimiento”, los oficios muestran que ambos actores estaban oficialmente enterados. El asunto adquiere mayor gravedad, pues al no cumplir con el mandato judicial podrían incurrir en desacato, una falta que puede derivar en responsabilidades legales contra legisladores y funcionarios.
Más allá del caso Vargas Landeros, lo que se expone es una crisis institucional: el Congreso y el Ayuntamiento de Ahome quedaron en evidencia por intentar negar lo que los documentos confirman. La negativa pública, frente al reconocimiento oficial ante la autoridad, dibuja un escenario de desprecio hacia la legalidad.
El desenlace ahora depende de la justicia federal, que deberá decidir si actúa frente a lo que se perfila como un desacato abierto. Mientras tanto, la credibilidad de los actores políticos involucrados queda en entredicho, en un episodio que refleja la fragilidad del respeto a la ley en Sinaloa.
