Fiscalía a la carta: justicia al servicio del poder en Sinaloa

En Sinaloa, la justicia no avanza. Se repite el viejo modelo: instituciones controladas, decisiones políticas disfrazadas de legales y una Fiscalía que responde más a intereses personales que al mandato constitucional. A pesar de los discursos de cambio, los hechos demuestran que el sistema judicial estatal sigue anclado en el pasado, actuando bajo consigna, sin transparencia ni imparcialidad.

Cambian los nombres, cambian los partidos, pero el fondo sigue igual: las instituciones de justicia son utilizadas como instrumentos políticos. Lo que debería ser una Fiscalía autónoma y profesional, actúa como en los peores tiempos del autoritarismo. Lejos de avanzar hacia la transparencia, estamos volviendo a los métodos del pasado, donde la ley se dobla al capricho del gobernador en turno.

Fiscalía sin independencia ni credibilidad

En teoría, la Fiscalía de Sinaloa debería actuar con independencia. En la práctica, su papel ha sido el de brazo ejecutor del gobernador Rubén Rocha Moya. No hay transparencia en sus procesos, ni imparcialidad en sus decisiones. Los tiempos y las acciones del Ministerio Público coinciden sospechosamente con los intereses políticos del Ejecutivo estatal. La justicia no se busca, se ordena.

La opacidad, el uso discrecional de los expedientes y la falta de independencia del fiscal son elementos visibles. Las decisiones de este organismo no responden al interés público, sino a una agenda política que parte del despacho del gobernador.

Casos con tinte político

Jesús Estrada Ferreiro, exalcalde de Culiacán, fue removido y procesado con rapidez. El “Químico” Benítez en Mazatlán fue exhibido con escándalo mediático. A la Universidad Autónoma de Sinaloa se le ha intentado someter con auditorías y procesos judiciales. Y ahora, Gerardo Vargas Landeros entra al ruedo. La constante en todos estos casos es que quienes enfrentan la justicia lo hacen después de un distanciamiento o desacuerdo con Rocha Moya. Cuando estaban alineados, no pasaba nada.

Después, una embestida legal cargada de declaraciones mediáticas, investigaciones aceleradas y medidas judiciales que coinciden con los tiempos políticos. La justicia se activa cuando hay ruptura política, no cuando hay delito probado.

Instituciones al servicio de un solo hombre

La Fiscalía no actúa sola. La Auditoría Superior del Estado, el Congreso de Sinaloa, y áreas del gobierno estatal han sido alineadas para cumplir los deseos del gobernador. No se mueven por ley, sino por órdenes. Lo que debería ser un sistema de contrapesos, se ha convertido en una cadena de obediencia. Cada eslabón responde al mismo mando: Rocha Moya.

Estas dependencias han dejado de cumplir su función de equilibrio para convertirse en extensiones de un proyecto político que no admite disidencias. El poder se centraliza y se usa para abrir paso al alfil del gobernador, mientras se eliminan obstáculos con todo el peso de las instituciones.

¿A quién más tiene en la mira Inzunza?
La lista aún no termina. En este juego de eliminación anticipada, la duda no es si habrá otro golpe político, sino quién será el siguiente. ¿Imelda Castro, con presencia nacional y base en Morena? ¿Juan de Dios Gámez, alcalde de Culiacán con perfil propio? En un entorno donde la ley se aplica a modo, todos los posibles rivales de Inzunza están bajo amenaza.

Justicia selectiva y uso faccioso del poder

La ley no debe aplicarse según la conveniencia del poder. Cuando las instituciones castigan selectivamente y protegen a quienes están dentro del círculo del gobernador, no hay justicia. Hay impunidad para unos y persecución para otros. Se simula legalidad, pero en el fondo se trata de controlar el escenario político. Así no se construye democracia, se destruye.

Si las instituciones persiguen según la relación con el poder, no hay legalidad, hay simulación. Y en esa simulación, todos los ciudadanos quedamos desprotegidos.

La justicia en Sinaloa se ha convertido en un campo de batalla política. Todos los brazos del Estado sirven a un solo interés: el del gobernador. Hoy se persigue a los que le estorban, mañana será a cualquiera que piense diferente. Y mientras tanto, la gran pregunta sigue viva entre la gente: ¿y la justicia para Rocha, para cuándo?