Culiacán, Sin, 3 de junio del 2025.- La elección de los integrantes del Poder Judicial Federal, celebrada el 1 de junio, desató un debate polarizado en el Congreso del Estado de Sinaloa. Mientras los legisladores afines a Morena la describieron como un hito democrático, las voces opositoras la calificaron de costosa simulación con baja legitimidad social.
La sesión ordinaria de este martes en el Congreso local se convirtió en una vitrina de posturas enfrentadas sobre el proceso mediante el cual, por primera vez, ciudadanos votaron para elegir jueces y magistrados del Poder Judicial Federal. A pesar del inédito ejercicio, la participación ciudadana apenas superó el 13 %, lo que avivó las críticas sobre la legitimidad y el costo del proceso.
Desde la bancada oficialista, el diputado morenista Eligio López Portillo celebró el hecho como una “jornada histórica” que, aseguró, marcará un nuevo rumbo en la impartición de justicia en el país. Sin embargo, admitió que la verdadera prueba será desmontar el sistema de corrupción enquistado en el Poder Judicial y construir una nueva relación de confianza con la ciudadanía.
En esa misma línea, la diputada del PT, Moncerrat López López, agradeció a los votantes que acudieron a las urnas —más de 13 millones, según cifras preliminares— y llamó a no minimizar el esfuerzo ciudadano. No obstante, reconoció que el proceso tuvo fallas técnicas y organizativas que deben revisarse si se quiere replicar en el futuro.
Más efusiva fue la diputada Yeraldine Bonilla Valverde, del Partido Verde Ecologista de México, quien calificó la elección como una victoria ciudadana frente a una élite judicial cerrada. Acusó hipocresía entre quienes llamaron al boicot de esta consulta mientras participaron activamente en otros comicios estatales, como los de Durango o Veracruz.
Desde la misma trinchera morenista, la diputada Sthefany Rea Reátiga denunció el “sistema de privilegios” del Poder Judicial, donde —afirmó— “más del 50 % de sus integrantes eran familiares entre sí”, como prueba del nepotismo estructural que debe erradicarse.
Críticas a la legitimidad del proceso
En contraste, la oposición fue enfática al cuestionar tanto la validez como la utilidad de la consulta. El diputado panista Jorge Antonio González Flores lanzó un duro señalamiento: “Fue una farsa que costó 7 mil millones de pesos y cuyo resultado es políticamente nulo. Con una abstención del 87 %, queda claro que el pueblo no lo avaló”.
González agregó que los votos nulos superaron a cualquier candidato individualmente, lo cual —dijo— debería ser motivo suficiente para replantearse el ejercicio. El cálculo económico no fue menor: cada voto emitido tuvo un costo aproximado de 583 pesos para el erario.
La diputada priista Paola Iveth Gárate Valenzuela se sumó a la crítica, calificando el proceso como “cínico y falso”. Señaló que la alta abstención no fue reflejo de apatía sino de rechazo consciente por parte de una ciudadanía que, según ella, percibe el ejercicio como un intento más del oficialismo por cooptar al Poder Judicial. Denunció, además, que hubo presión sobre beneficiarios de programas sociales para acudir a las urnas, lo cual —dijo— vicia de origen la supuesta espontaneidad de la participación.
Fondo político y futuro incierto
Más allá de las cifras y las posturas, la discusión en el Congreso sinaloense refleja una tensión mayor: la pugna por el control de uno de los poderes clave en la estructura del Estado. Si bien el proceso fue impulsado por la narrativa de democratizar el sistema judicial, la baja participación y las denuncias de coacción opacan su legitimidad.
Aún queda por ver si las nuevas figuras electas responderán al mandato de independencia o si serán vistas como operadores del proyecto político de la llamada Cuarta Transformación. Lo cierto es que, por ahora, el Poder Judicial sigue siendo terreno en disputa —y en duda—, incluso dentro de los congresos estatales.
