Elección judicial en Sinaloa: la simulación democrática al desnudo
Culiacán, Sin, 01 de junio del 2025.- La jornada electoral para elegir cargos del Poder Judicial en Sinaloa ha terminado convirtiéndose en un símbolo de las grietas profundas que atraviesan las instituciones estatales. Lo que debía ser un ejercicio ejemplar de participación ciudadana y fortalecimiento institucional terminó expuesto como un proceso plagado de irregularidades, denuncias de fraude y acusaciones de manipulación desde el gobierno de Rubén Rocha Moya. Las alarmas no son nuevas, pero en esta elección han sonado con más fuerza y resonancia.
Las denuncias surgieron casi al instante: funcionarios de casilla del Distrito Judicial 2, que abarca Culiacán y la zona centro-sur del estado, reportaron a través de redes sociales que los paquetes de boletas llegaban ya marcados a favor de ciertos candidatos. Las imágenes y testimonios circularon rápidamente, generando una indignación que no tardó en escalar. A esto se sumó la denuncia en el ejido Primero de Mayo, en Ahome, donde vecinos aseguraron que un funcionario de la casilla 286 repartía “acordeones” electorales —pequeñas guías con los números y nombres de los aspirantes— dentro de la misma casilla, en abierta violación a las normas del INE.
El Instituto Nacional Electoral, hasta el momento, no ha dado una respuesta firme ni clara. El silencio institucional ha dejado espacio a una creciente percepción pública de que este proceso estaba diseñado para garantizar no la pluralidad ni la transparencia, sino la continuidad del control político que ejerce el Ejecutivo estatal sobre los otros poderes.
El telón de fondo es inevitable: Rubén Rocha Moya enfrenta críticas constantes por el uso del aparato judicial para acorralar a sus adversarios. La reciente detención del alcalde con licencia Gerardo Vargas Landeros, denunciada como persecución política por la Federación de Abogados de Sinaloa, ha reforzado la idea de que la justicia en el estado se administra según los intereses del grupo gobernante. Este contexto convierte cualquier elección en un acto formalista, donde la ciudadanía es reducida a un actor decorativo en un teatro cuidadosamente orquestado desde el poder.
La crisis que vive Sinaloa no es solo electoral: es institucional. Las denuncias de fraude y manipulación en el proceso judicial son apenas la punta de un iceberg de descomposición democrática que viene arrastrándose desde hace tiempo. Si las autoridades federales no intervienen con firmeza, si no se garantiza una investigación independiente y profunda, el descrédito de los órganos judiciales locales seguirá creciendo. Más grave aún, la ciudadanía terminará de convencerse de que votar es un acto vacío, que las elecciones son solo un ritual para legitimar decisiones ya tomadas en las cúpulas del poder. Sinaloa merece algo más que una democracia de escaparate; merece instituciones que respondan, de verdad, a los ciudadanos.
