Culiacán Sinaloa.- El Congreso de Sinaloa se parece a un jugador de dominó que, tras perder cada mano, culpa a las fichas en lugar de aceptar su mala estrategia. No importa cuántas veces los tribunales federales fallen a favor de Gerardo Vargas Landeros: la obsesión de sacarlo de la jugada política los hace tropezar una y otra vez con la misma piedra.
Los documentos oficiales son claros. El juicio de amparo 1832/2025-VIII promovido por Vargas Landeros llegó al Juzgado de Distrito en Zacatecas, que, en un acto de limpieza procesal, se declaró incompetente por razón de territorio y remitió el expediente a Sinaloa. Pero el Juzgado en Culiacán devolvió la pelota: tampoco aceptó la competencia, señalando que no hay sustento jurídico para que ese tribunal cargue con un proceso cuyo origen se finca en actos fuera de su territorio. En otras palabras: los intentos del Congreso sinaloense por atrapar a Vargas se estrellan contra un muro llamado ley.
La paradoja es grotesca. Mientras el Congreso arma estrategias legislativas para destituir, separar del cargo o incluso procesar al exalcalde de Ahome amparándose la Constitución local y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, Vargas Landeros responde con la herramienta más incómoda para los políticos que juegan sucio: el Estado de Derecho. Y hasta ahora, la justicia federal lo respalda.
No es un detalle menor. Los actos reclamados órdenes de aprehensión, intentos de destitución y medidas de presión política no son simples diferencias partidistas; son un abuso del poder legislativo que, en su afán de borrar a un adversario, estira la ley hasta deformarla. Pretenden convertir los tribunales en campos de batalla política. Sin embargo, el amparo existe precisamente para detener esos atropellos: para recordarle al poder que también tiene límites.
El Congreso de Sinaloa, en su prisa por sacar a Vargas Landeros del escenario, olvida que la política no puede estar por encima de la justicia. La Ley de Amparo fue contundente: la incompetencia territorial no puede usarse como un pretexto para manipular procesos judiciales. El resultado es un ridículo institucional: tribunales rechazando competencias que el Congreso insiste en fabricar para sostener una narrativa política que se derrumba en los hechos.
La moraleja es simple: la ley no se dobla ante la presión mediática ni ante el cálculo político. Los amparos que protegen a Vargas Landeros no son concesiones graciosas, sino resoluciones que emanan de un sistema que todavía se resiste a ser juguete del poder. Y ahí está la pregunta incómoda que queda flotando: ¿quién está más desacreditado, el político que gana sus batallas legales o el Congreso que pierde su credibilidad intentando silenciarlo?
