Hasta ChatGPT desmiente a la Dra. Tere Guerra, a los diputados y a la Jucopo en el caso de Gerardo Vargas

El caso Ahome se convirtió en un laberinto donde cada actor político acomoda la ley según su conveniencia. La Dra. Tere Guerra, en su papel de funcionaria y opinadora jurídica, ha insistido en que la Auditoría Superior de la Federación y el Congreso de Sinaloa actuaron conforme a derecho, sosteniendo que Gerardo Vargas no puede regresar a la alcaldía. Sin embargo, los propios documentos judiciales y resoluciones federales exhiben otra cosa: Vargas sí cuenta con una suspensión firme que le permite ser restituido.

Lo paradójico es que no sólo los abogados contradicen esa narrativa; hasta un ejercicio básico de verificación, como el que puede hacer ChatGPT al contrastar resoluciones, deja en evidencia que el discurso oficial se tambalea. La Corte no otorgó un “cheque en blanco” al Congreso ni a la Jucopo, como éstos lo presumen, sino que resolvió una controversia específica y con límites claros. Pretender que con eso Vargas queda borrado del mapa político es, cuando menos, un exceso interpretativo.

Los diputados locales, alineados con el Tercer Piso, celebraron la resolución como si fuera el fin de la historia, cuando en realidad lo único que lograron fue añadir otro capítulo a un conflicto jurídico que aún no se resuelve. La insistencia en presentar a Antonio Menéndez como único alcalde legítimo no elimina el hecho de que existe una orden federal de restitución que no ha sido acatada.

Así, mientras Tere Guerra se escuda en tecnicismos y la Jucopo proclama victorias mediáticas, la realidad es que la gobernabilidad en Ahome sigue pendiendo de hilos legales cruzados. La contradicción es tan clara que hasta una herramienta de inteligencia artificial puede desmentir, con datos en mano, lo que el discurso político pretende vender como verdad absoluta.

En medio de ese enredo, la ciudadanía observa el espectáculo: un gobierno estatal que acomoda la ley, un Congreso que la interpreta a conveniencia y una oposición que solo espera sacar raja política del pleito. Lo único cierto es que la verdad jurídica no se decide en conferencias de prensa, ni en comunicados legislativos, ni en los dichos de una doctora; se decide en tribunales, y allí la moneda aún no termina de caer.