En Ahome, el discurso de la transformación administrativa ha sido, más que una ruta, un campo de experimentación. El alcalde Antonio “Toño” Menéndez ha vuelto a demostrar que su estilo de gobernar responde más al impulso que a la lógica institucional. Esta vez, colocando a Vladimir Herrera, un joven contador aún estudiante de Derecho en la UAS, como director jurídico del Ayuntamiento. No se trata de un movimiento menor, sino de un nombramiento que evidencia el poco respeto por las formas, los perfiles y, peor aún, por la ley.
El cargo de director jurídico no es una posición decorativa. Es el área responsable de garantizar que cada acto de gobierno tenga sustento legal, de defender al municipio ante litigios, de revisar contratos y emitir opiniones técnicas. Poner al frente a alguien que ni siquiera ha terminado sus estudios de Derecho –y que además tiene formación en contaduría pública, no en leyes– equivale a dejar el timón jurídico del municipio en manos de la improvisación.
Más allá de la persona –de quien nada personal se puede reprochar, más que aceptar un encargo para el que no está preparado–, el problema es político e institucional. El gabinete de Menéndez comienza a parecerse a un Frankenstein burocrático, armado con piezas mal embonadas, más por lealtades que por competencias. La profesionalización del servicio público sigue siendo una promesa lejana cuando los encargos se otorgan como favores.
Lo más preocupante no es el yerro, sino la naturalidad con que se comete. No hubo justificación oficial, ni un intento serio de argumentar por qué un estudiante sin cédula profesional puede hacerse cargo de un área tan estratégica. La decisión parece emanar, simplemente, de la voluntad del alcalde. Así, el municipio se gobierna desde la confianza personal, no desde las reglas institucionales.
En este contexto, cabe preguntarse qué tan frágil se vuelve el andamiaje jurídico del Ayuntamiento ante posibles litigios, auditorías o controversias. ¿Quién responderá ante un fallo mal sustentado, una defensa mal formulada o un contrato mal revisado? La responsabilidad recaerá, por supuesto, en la figura de Toño Menéndez, aunque la ciudadanía pague los costos.
Mientras en otros municipios se discute sobre transparencia, eficiencia y perfiles técnicos, en Ahome se nombra a estudiantes como directores jurídicos. Lo que tendría que ser la columna vertebral legal de la administración, se convierte así en un símbolo más de la precariedad institucional. Y cuando la legalidad se convierte en simulacro, lo que sigue es el riesgo: de arbitrariedad, de impunidad y de improvisación permanente.
