La suspensión a favor de Gerardo Vargas sigue vigente y el Congreso está obligado a restituirlo

En la política, como en el ajedrez, cada movimiento cuenta. Pero en Ahome, algunos prefieren el teatro de sombras al tablero con reglas claras. El reciente boletín difundido como “versión oficial” sobre el caso de Gerardo Vargas Landeros no solo distorsiona la verdad judicial, sino que revela, con torpeza, la desesperación de quienes ven en la mentira su última jugada.

El boletín, elaborado con premura y malicia, afirma que un juez federal en Zacatecas “rechazó categóricamente” la solicitud del exalcalde para ser restituido en el cargo- nada más falso-. Lo presentan como una derrota. Como una puerta cerrada. Como si el juicio hubiera terminado. Pero la realidad, esa que consta en documentos oficiales y no en versiones manipuladas e interesadas, cuenta una historia muy distinta.

La realidad es que el Juzgado de Distrito en Zacatecas respondió “no ha lugar” a una solicitud de exhorto, pero ello es así, porque el Juzgado Federal obliga a quien debe acatar su orden, en el caso, al Congreso del Estado y el Ayuntamiento de Ahome, además del Gobernador de Sinaloa. Pero ¿qué significa eso en términos legales? No es un rechazo a los derechos del promovente. No es una negativa a la restitución. Es una aclaración jurídica elemental: *el juzgado que otorgó la suspensión SI es competente para ordenar directamente la reinstalación del alcalde, pero el cumplimiento libre o forzado corresponderá si o si, a las autoridades de Sinaloa. Entonces, como bien lo señala el propio acuerdo, quien debe cumplir y reinstalar físicamente son las autoridades responsables, pero ello hasta que el Juez adopte la ejecución forzada o Vargas Landeros lo haga por derecho propio.

El boletín calla —convenientemente— que *la suspensión definitiva sigue vigente*. También omite que el juzgado *ordenó por segunda ocasión* a las autoridades involucradas cumplir con los efectos de ésta. Y aún más revelador: el 15 de agosto se celebrará una audiencia por *incidente de incumplimiento*, lo que implica que las autoridades podrían contar con una carpeta judicial federal por el desacato en el que ya incurren, con independencia de lo que se sume de insistir en no obedecer la resolución judicial.

El boletín afirma que “no ha lugar” equivale a una resolución de fondo. No lo es. Pretende engañar con tecnicismos malinterpretados. Asegura que “no se ha notificado formalmente”, como si una publicación en lista oficial del Poder Judicial de la Federación no tuviera validez legal. Cualquiera con nociones mínimas del juicio de amparo sabe que las notificaciones por lista *son legales y obligatorias*. Y, sin embargo, se juega al desconocimiento como argumento.

Más allá del embuste legal, lo verdaderamente grave es el uso mediático de la confusión. No se trata de una disputa jurídica, sino de una campaña política soterrada. Alguien está invirtiendo tiempo, tinta y teclado para sembrar una percepción: la de que Vargas está derrotado. Pero la narrativa se tambalea con la verdad procesal.

Mientras tanto, la ciudadanía atestigua cómo se tuerce la información desde oficinas públicas que deberían velar por la legalidad y la transparencia. Se disfraza un cumplimiento judicial pendiente como una victoria política. Se celebra un “no ha lugar” como si fuera una sentencia. Y se olvida, deliberadamente, que el expediente sigue abierto y la justicia aún no ha hablado del fondo.

Gerardo Vargas Landeros no ha perdido. No ha sido vencido en juicio. Su suspensión sigue firme y sus derechos están siendo defendidos conforme a la ley. Quienes se empeñan en difundir lo contrario no sólo caen en la mentira: se exhiben como lo que realmente temen que regrese.

Porque en esta historia, la única verdad hasta ahora es que *quien miente, teme* y la realidad jurídica es que el servicio público y el fuero no son eternos, las carpetas de investigación federal por el desacato contra Gerardo Vargas los estarán esperando, de eso no hay duda.