Los escándalos de la 4T: los casos que han salpicado a políticos de Morena

A lo largo del sexenio de Andrés Manuel López Obrador y ahora de Claudia Sheinbaum, el partido Morena —fundado como estandarte de la lucha contra la corrupción— ha enfrentado serios cuestionamientos sobre la integridad de algunos de sus cuadros políticos.
Comprobados o no, diversos casos de presunta corrupción, desvío de recursos, tráfico de influencias, uso electoral de programas sociales y presuntos vínculos con el crimen organizado, han desatado controversias en el país, que contrastan con la narrativa de la 4T del combate a la impunidad.
“No somos iguales” ha sido la respuesta constante tanto de AMLO como de Claudia Sheinbaum, para diferenciarse de los actos de corrupción denunciados en sexenios anteriores con relación a los gobiernos de la Cuarta Transformación.
A pesar del mensaje reiterado de “no robar, no mentir, no traicionar”, principios básicos de la 4T, el movimiento no ha estado exento de escándalos de corrupción que ha alcanzado, incluso, a los hijos del expresidente López Obrador.
Bajo fuego
Sobre Andrés Manuel López Beltrán, ahora secretario de Organización de Morena, el analista político, especialista en temas judiciales Enrique Rodríguez Martínez sostiene que se le ha conocido por ser bueno para hacer negocios y se le vinculó con muchos personajes de gran capital durante el sexenio de su padre.
El gobierno de Claudia Sheinbaum ha prometido “continuar el legado” y profundizar la transformación. Incluso, se ha creado la Secretaría de Corrupción y Buen Gobierno.
Sin embargo, voces críticas advierten que, sin mecanismos reales de rendición de cuentas, el discurso anticorrupción corre el riesgo de convertirse en un recurso más de legitimación política, en lugar de una política pública efectiva.
En varios casos, la falta de consecuencias judiciales ha sido interpretada como una protección institucional a figuras cercanas al poder.
La sombra de la corrupción ha perseguido al círculo cercano de los presidentes López Obrador y Sheinbaum y los señalamientos de que Morena es un narcopartido ha sido el discurso constante de la oposición.
En algunas regiones, los señalamientos han escalado. Diversas investigaciones independientes y testimonios locales han puesto bajo la lupa a funcionarios morenistas de Sonora y Tamaulipas por presuntos nexos con grupos del crimen organizado.

En varios casos, la falta de consecuencias judiciales ha sido interpretada como una protección institucional a figuras cercanas al poder
El caso más reciente es el de Adán Augusto López Hernández, coordinador de los senadores de Morena y exgobernador de Tabasco (2018 2021), quien ha sido objeto de acusaciones públicas derivadas principalmente de la gestión de Hernán Bermúdez Requena, su secretario de Seguridad estatal, señalado de presuntos vínculos con la delincuencia organizada y redes de robo de combustible.
Los críticos más severos de la 4T y de la presidenta Sheinbaum afirman que es imposible que López Hernández no supiera de las andadas de su secretario de Seguridad.
Petición de Sheinbaum
Ayer viernes, consultada sobre el tema, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió al senador, exsecretario de Gobernación y aspirante a la candidatura presidencial de Morena, que sería conveniente que explicara el tema.
Horas más tarde, el senador publicó un mensaje en sus redes sociales para manifestar que cuando fue gobernador de Tabasco, desde el 1 de enero de 2019 hasta el 26 de agosto de 2021, su gobierno enfrentó grandes retos en materia de seguridad.
“Es público que se iniciaron investigaciones contra integrantes de aquel gobierno, y considero fundamental que deban presentarse ante las autoridades para aclarar los hechos. Al mismo tiempo, aunque no he sido requerido, estoy a la orden de cualquier autoridad que solicite mi presencia”, expuso.
Narcogobierno
Para el senador Marko Cortés, del Partido Acción Nacional (PAN), con el caso de Adán Augusto cada vez se confirma el narcogobierno y el narcopartido, el involucramiento de los grupos delictivos con las campañas.
En entrevista, el legislador apuntó que cuando fue dirigente del PAN, una y otra vez denunció la participación del crimen organizado, amedrentando a sus candidatos, golpeándolos, secuestrándolos y también matándolos.
“Cada vez se confirman más esos dichos, esos señalamientos que tuvimos, porque se ve cómo personajes tan cercanos al presidente López Obrador, en su momento, y tan cercanos a la actual presidenta Claudia Sheinbaum están claramente vinculados.

«Y respecto de este asunto, está claro que Adán Augusto tiene responsabilidad política, porque, aunque no esté imputado penalmente, tiene una responsabilidad política respecto de las acciones de secretario de Seguridad Pública».
A finales de diciembre de 2024, Adán Augusto escenificó un choque público con Ricardo Monreal, líder de los diputados en San Lázaro.
López Hernández acusó al zacatecano de manejar contratos irregulares durante su gestión en el Senado, principalmente relacionados con servicios de mantenimiento y archivos, con un presunto monto de hasta 150 millones de pesos en favoritismos hacia empresas fantasmas.
El tema llegó también a la Mañanera del Pueblo y la presidenta llamó a ambos legisladores a calmar las aguas, y así sucedió.
SEGALMEX Fraude millonario en gobierno de AMLO
Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), creada en 2019 como parte de la política social del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se convirtió en el mayor escándalo financiero del sexenio. El propio mandatario reconoció que fue el único caso de corrupción en su administración.
Según la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el total de recursos malversados en Segalmex asciende a 2,700 millones de pesos, dentro de un posible daño patrimonial estimado en 9,500 millones, correspondiente a los años 2019 y 2020.
Se interpusieron 156 denuncias penales, vincularon a proceso a 26 personas, entre exfuncionarios y particulares, acusados por delitos como delincuencia organizada, peculado, lavado y uso ilícito de facultades.
Implicados
René Gavira, extitular de la Unidad de Administración y Finanzas. Enfrenta cargos por corrupción, lavado, uso ilegal de fondos y delincuencia organizada.
Ignacio Ovalle Fernández, exdirector de Segalmex. Responsable de una estructura que operó irregularidades por más de 8,600 millones. Tiene más de 22 denuncias ante la Fiscalía.