Gerardo Vargas enfrenta juicio exprés: la Fiscalía acelera, pero ¿a costa del debido proceso?
Culiacán, Sin, a 11 de junio del 2025.- El exalcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, acudió este miércoles al Centro de Justicia Penal en Culiacán para solicitar un plazo de 30 días para analizar el expediente en su contra, que consta de más de 15 mil fojas. El juez sólo concedió 16 días hábiles. La Fiscalía, que ha manejado el caso con hermetismo, presiona para avanzar sin explicar con claridad el origen ni el fondo de las acusaciones.
En un proceso que comienza a ser percibido más como una maniobra de desgaste político que como una verdadera ruta de justicia, el exalcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, compareció ante un juez de control del Centro de Justicia Penal Zona Centro, en la ciudad de Culiacán. La audiencia tuvo como objetivo definir los tiempos de acceso y análisis de las 22 carpetas de investigación abiertas en su contra, las cuales suman más de 15,400 fojas.
El equipo de defensa de Vargas Landeros solicitó un plazo de 30 días naturales para poder revisar con detenimiento la totalidad del expediente, el cual considera complejo, técnico y voluminoso. No obstante, el juez determinó que sólo se otorgarían 16 días hábiles, lo que ha encendido las alarmas entre abogados y observadores del proceso penal.
“La prisa no es sinónimo de justicia”, afirmó un integrante del equipo legal del exalcalde, quien pidió reserva. “Con 15 mil fojas y apenas dos semanas para analizarlas, lo que se genera no es certeza jurídica, sino el riesgo de una defensa limitada, en un proceso marcado por el sigilo de la Fiscalía”.
La Fiscalía General del Estado ha mantenido un silencio estratégico respecto al contenido específico de las acusaciones. Hasta el momento, no ha sido transparente sobre los presuntos delitos ni ha ofrecido una narrativa clara que permita a la opinión pública conocer el fondo del asunto.
Este hermetismo genera suspicacias, especialmente cuando se considera el contexto político que rodea el caso. Vargas Landeros fue una de las figuras más visibles del norte del estado durante el actual sexenio, y su caída coincide con un reacomodo interno impulsado por el gobernador Rubén Rocha Moya y su operador más cercano, Enrique Inzunza Cázarez, quien ha sido señalado como el verdadero poder detrás del actual gobierno estatal.
“El problema no es que se investigue a un exfuncionario, sino cómo se hace”, advierte un abogado penalista consultado por este medio. “Cuando hay opacidad, filtraciones selectivas y plazos acelerados, lo que se socava no es solo el caso del imputado, sino la credibilidad de todo el sistema judicial”.
Aunque el exalcalde ha optado por una postura institucional, reiterando su respeto por el Poder Judicial y su disposición de colaborar con las autoridades, no deja de ser evidente que su caso ocurre en un entorno político tenso. La salida de Vargas Landeros del ayuntamiento de Ahome dejó vacíos de poder que han sido rápidamente ocupados por operadores vinculados a diputadas y senadores afines a Rocha Moya.
“No hay que ser ingenuos: hay una clara intención de borrar a Vargas del escenario político”, señala un analista local. “Pero lo que está en juego no es solo un liderazgo, sino el equilibrio político del norte de Sinaloa, particularmente en un momento donde se preparan las sucesiones y reacomodos rumbo a 2027”.
El juez fijó la próxima audiencia para el 3 de julio a las 9:30 horas, tiempo en el que la defensa deberá haber analizado la totalidad del expediente y estar en condiciones de responder a las imputaciones.
Gerardo Vargas Landeros concluyó su declaración pública reafirmando su confianza en las instituciones y su compromiso con la legalidad. Sin embargo, también dejó entrever que el proceso al que se enfrenta no será únicamente jurídico, sino político.
En Sinaloa, donde la política y la justicia a menudo se entrelazan con zonas grises, el caso Vargas Landeros pone a prueba la verdadera independencia del sistema judicial. El reto no es solo esclarecer si hay delitos, sino demostrar que la justicia no está siendo usada como un instrumento de venganza política. De lo contrario, lo que está en juego es mucho más que un juicio: es la confianza en el Estado de Derecho.
