Sin licitación compran patrullas en Guasave; regidor denuncia irregularidades
Guasave, Sin, 2 de sep, 2025.– La adquisición de 13 patrullas por parte del Ayuntamiento de Guasave abrió un nuevo frente de controversia en Sinaloa, luego de que el regidor de Movimiento Ciudadano, Gregorio Hernández Romero, denunciara que la compra se realizó sin licitación y con un costo que, aseguró, superó los 17 millones de pesos.
El edil sostuvo que, aunque es necesario fortalecer la corporación de seguridad, la administración de Cecilia Ramírez Montoya incumplió con los procedimientos legales que marcan la ley en materia de contratación pública.
“No estoy en contra de reforzar la seguridad, porque es prioritaria, pero sí de que no se respete la ley. Esta adquisición debió licitarse y transparentarse. Estamos hablando de más de 17 millones de pesos en un municipio con una crisis financiera sin precedentes, con adelantos de participaciones, un crédito bancario de hasta 60 millones y servicios públicos colapsados”, señaló.
Hernández Romero comparó el caso con el ocurrido en Ahome, donde la adquisición irregular de patrullas derivó en el desafuero del alcalde Gerardo Vargas Landeros, y advirtió que en Guasave la falta de planeación podría afectar servicios básicos como alumbrado, recolección de basura y mantenimiento de drenajes.
Respuesta de la alcaldesa
Ante los señalamientos, la presidenta municipal Cecilia Ramírez Montoya rechazó que la adquisición fuera ilegal y aclaró que el monto total fue de 13 millones de pesos por diez patrullas, recursos provenientes del Fortamun (Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios).
Explicó que posteriormente se compraron tres unidades adicionales para la Célula de Reacción Inmediata con perspectiva de género, con un costo aproximado de 600 mil pesos cada una.
“No fueron 17 millones, fueron 13 millones. Se trató de una compra directa avalada por el Comité de Compras, donde participan todas las fuerzas políticas, y se aprobó por unanimidad. Había sindicaturas como San Rafael y otras comunidades que no contaban con ninguna patrulla. Por eso se tomó la decisión de manera urgente y con sustento legal”, afirmó.
La alcaldesa sostuvo que la compra se justificó como una medida de emergencia ante advertencias del Gobierno del Estado sobre la posibilidad de que la violencia registrada en Culiacán se extendiera hacia la zona norte de Sinaloa.
Ramírez Montoya subrayó que la operación no fue una renta, sino una compra directa a una agencia Chevrolet, y que todos los documentos fueron firmados y avalados por las representaciones políticas del Ayuntamiento.
“Puede ser que la Auditoría lo observe, pero estamos seguros de que se solventará porque el procedimiento se hizo con sustento legal y por una emergencia real en seguridad”, puntualizó.
Un caso con tintes políticos
La polémica revive el debate sobre el uso discrecional de los recursos municipales y la aplicación desigual de sanciones en Sinaloa. Mientras en Ahome el caso derivó en la salida del alcalde, en Guasave se advierte que las consecuencias podrían ser distintas al no estar en juego intereses inmediatos en la ruta de la sucesión hacia la gubernatura.
En el ambiente político estatal persiste la percepción de que, más que castigar la corrupción, las sanciones se aplican a quienes se desalinean del llamado “tercer piso”. El caso de Guasave se suma a una serie de episodios en los municipios sinaloenses donde la compra de patrullas sin licitación ha encendido las alertas sobre la legalidad y la transparencia en el manejo de los recursos públicos.
