Teresa Guerra y el arte de regañar a la democracia
En la política sinaloense las sillas se reparten como si fueran juguetes en un recreo de escuela: unos se pelean por sentarse, otros inventan reglas a la medida y, cuando alguien no obedece, aparece la prefecta a imponer silencio. Esa prefecta tiene nombre y cargo: Teresa Guerra, presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Sinaloa, que ahora se erige como guardiana absoluta de lo que puede y no puede hacer un cabildo.
La escena es casi cómica. Los regidores de Ahome convocan a sesión extraordinaria para restituir a Gerardo Vargas Landeros en la presidencia municipal, amparados en una resolución judicial federal. Y aparece Guerra Ochoa, señalando con el dedo como maestra de primaria: “No conocen sus facultades, no pueden invalidar al sustituto Antonio Menéndez, y si insisten, Morena les abrirá un proceso disciplinario”. Traducción: la autonomía municipal se acaba donde empieza el enojo del Congreso.
El discurso de Guerra Ochoa se reviste de legalidad. Cita los artículos 135 y 136 de la Constitución de Sinaloa como si fueran un conjuro que la blinda de cualquier cuestionamiento. Asegura que la decisión del Congreso es inapelable, que el cabildo no tiene derecho a contradecir al pleno, y que cualquier juez que ordene lo contrario está alimentando una “narrativa” sin sustento. En otras palabras: el fallo de un juez federal es, para ella, un cuento inventado por Vargas Landeros y sus simpatizantes.
El fondo del problema no es jurídico, es político. Guerra Ochoa no habla como legisladora que respeta contrapesos, sino como líder de partido que amenaza a sus propios militantes con sanciones si se atreven a contradecir la línea oficial. ¿Dónde queda la autonomía municipal que la Constitución reconoce en su artículo 115 federal y replica la Constitución local? ¿De qué sirve un juicio de amparo si el Congreso, con el aval de su presidenta, lo reduce a un papel sin valor?
Lo que está en juego no es solo la silla de la presidencia municipal de Ahome. Es el mensaje que manda la líder parlamentaria: en Sinaloa, el Congreso de Morena no se equivoca, no se cuestiona y, si alguien osa hacerlo, se le castiga. El problema es que esa lógica no es democracia, es autoritarismo disfrazado de legalidad.
La reflexión es inevitable: ¿qué legitimidad tiene una legisladora que desconoce abiertamente la fuerza de una suspensión federal y amenaza a regidores electos por el pueblo con la expulsión partidista? Teresa Guerra puede invocar todos los artículos que quiera, pero lo que demuestra en los hechos es una peligrosa concepción del poder: una en la que la ley no es límite, sino pretexto. Y en ese terreno, lo que tambalea no es el cargo de Vargas Landeros, sino el propio Estado de Derecho en Sinaloa.
